¿Otro Brexit (jurídico esta vez)?

Brexit jurídico

El “Derecho comunitario por conservar” [Retained EU Law (Revocation and Reform) Bill] es un concepto creado por la Ley de 2018 de retirada del Reino-Unido de la Unión Europea (Brexit). El propósito de esta ley fue de determinar 1) cuál era la normativa de la U.E. en aplicación en ese país al final del período de transición del Brexit, el 31 de diciembre de 2020, y 2) disponer que siguiera en el Derecho nacional.

La cámara de los Lores discute actualmente el proyecto de ley sobre el derecho comunitario por conservar, cuyo propósito es revocar a finales de 2023, de forma automática, gran parte del derecho comunitario en aplicación en ese país, mediante una “cláusula de extinción”. El Derecho comunitario por conservar que seguirá en vigor después de esa fecha pasará a denominarse Derecho asimilado.

La Ley, una iniciativa del antiguo primer ministro Boris Johnson, establece que miles de leyes (entre 3.000 y 4.000), aprobadas por el Parlamento británico desde la pertenencia de Gran Bretaña a la U.E., deben ser redactadas de nuevo por los propios ministros, y no por el Parlamento, o de lo contrario caducarán el 31 de diciembre de 2023 con la cláusula de extinción.

Dichas leyes abarcan numerosos ámbitos, afectando a la gran mayoría de las empresas: pesca, agricultura, seguridad alimentaria, normas sanitarias, derechos laborales, calidad del agua y del aire, responsabilidad fiscal, libertades civiles, etc. Dentro del sector turístico, afectaría en particular a la protección de los consumidores y los viajes (combinados u otros, vuelos, etc.). De hecho, entre las leyes retenidas, después de la pertenencia del Reino Unido a la U.E., se encuentran los Reglamentos de viajes combinados de 2018 y el Reglamento UE 261/2004 sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos aéreos.

Números Lores piden confirmación a los ministros si están planeando con este proyecto de ley eliminar las protecciones de los viajeros en el Reino-Unido, y presentando enmiendas para garantizar la retención o asimilación de estas normas en la legislación británica. Pueden votar a favor del proyecto de ley, en contra y devolverlo a los Comunes, o aplazar la fecha de la “cláusula de extinción” hasta más tarde o de forma indefinida.

La “Law Society”, equivalente británico del Consejo General de la Abogacía Española, considera que este proyecto de ley podría tener un impacto devastador sobre la seguridad jurídica del Reino Unido y repercutir muy negativamente en su entorno empresarial competitivo a escala internacional.

Marc Ripoll

Abogado

mripoll@monlexabogados.es

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